CANCÚN, Q. ROO.- Bajo conocimiento de los gobiernos estatal y federal opera en Cancún con toda libertad la “Fraccionadora La Romita, S.A. de C.V.”, publicitando en línea y a través de oficinas estratégicamente establecidas el desarrollo “Ciudad Maderas”, que pone en oferta terrenos residenciales y espacios comerciales sin contar con los trámites y permisos requeridos, lo que autoridades municipales advierten constituye un delito en materia de desarrollo urbano y un fraude mediante publicidad engañosa, debido a que el complejo pretende edificarse sobre terrenos irregulares.

A 65 kilómetros de distancia de la zona hotelera, cuyo trayecto en vehículo particular representa una hora de viaje a pesar de que se anuncia a 20 minutos, “Ciudad Maderas” se promociona por toda la ciudad a través de anuncios espectaculares y cuenta con cinco oficinas de atención al público en las plazas comerciales más concurridas: “Las Américas”, “Cancún Mall”, “Pabellón Cumbres”, “Malecón Américas” y “Vivendi Américas”.

De acuerdo con el Master Plan que se envía a los interesados que acuden a estas oficinas a preguntar sobre el proyecto, el supuesto desarrollo (cuyo lanzamiento comercial en redes sociales fue el 23 de noviembre y la preventa el 6 de diciembre pasado) contará con terrenos habitacionales de 112 a 290 metros cuadrados y locales comerciales de mil 700 a tres mil metros cuadrados que contarán con un par de “exclusivos” clubes deportivos Nush-Káh y más de 30 amenidades.

Además, tendrá salones de juegos, CrossFit o ludoteca con área de juegos y alberca techados, albercas al aire libre, toboganes y juegos infantiles, canchas de pádel y tenis, snack bar, saunas, multicanchas de arena, vapor, gimnasios y salones de usos múltiples.

Para enganchar a posibles compradores locales y foráneos, la empresa ofrece los terrenos más pequeños con un pago desde mil 449 pesos al mes, sin enganche, sin aval, sin revisión en buró de crédito y sin comprobante de ingresos, mediante planes sin intereses y un crédito directo, cuyo apartado puede hacer físicamente, por una línea de ventas o vía WhatsApp.

Una cotización enviada por un promotor, estipula que el metro cuadrado del suelo ofertado tiene un costo de tres mil 350 pesos, que por una superficie de 112 metros cuadrados tiene un valor total de 375 mil 200 pesos. El Plan Estándar proyecta el pago a 20 años con un enganche del 10 por ciento equivalente a 37 mil 520 pesos para quedar mensualidades de mil 407 pesos los tres primeros años; de 3 mil 304 pesos hasta los siete años y de tres mil 715 pesos por el plazo restante.

Pero todo esto es un fraude a juicio de la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano en Benito Juárez, Quintana Roo, del que han sido alertadas ya las diferentes dependencias estatales y federales a través de oficios para que actúen en consecuencia contra del ilegal proyecto, lo que hasta la fecha no ha ocurrido. 

Desde diciembre pasado fueron advertidas y debidamente notificadas la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable de Quintana Roo (oficio número SMEYDU/402/2021), delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (403), Colegio Nacional del Notariado Mexicano (400), Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (397), Consejo Coordinador Empresarial (401), la delegación estatal de la CANADEVI (408) y los colegios de Biólogos (409) y Urbanistas de Quintana Roo (410), y los de Ingenieros Civiles (399) y Arquitectos (398) de Cancún.

La advertencia fue enviada también a los cinco administradores de centros comerciales y de negocios “Las Américas” (392), “Cancún Mall” (393), “Pabellón Cumbres” (395), “Malecón Américas” (396) y “Vivendi Américas” (394) donde opera la red de promotores de la autodenominada “creadora de ciudades” con terrenos premium y una supuesta urbanización al más alto nivel.

La alerta emitida el mes pasado por el secretario municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, Armando Lara de Nigris fue para advertir también que en el Código Penal del Estado de Quintana Roo, en sus artículos 268 al 270 se tipifican los delitos en materia de desarrollo urbano.

Lo anterior, al que fraccione sin contar con el permiso necesario de la autoridad administrativa o que al tenerlo incumpla las especificaciones del mismo para transferir la posesión, la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con lotes divididos.

Igualmente, al que sin contar con los requisitos y autorizaciones de urbanización exigidos por las leyes respectivas permitan de propia autoridad en lote propio o en su legítima posesión el asentamiento humano por dos o más familias, como igualmente al que cause una afectación al interés público o un daño o perjuicio privado al prometer transferir o al que transfiera la propiedad de cualquier otro derecho real de lotes que hayan sido fraccionados sin la anuencia de la autoridad administrativa correspondiente.

La Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Quintana Roo y la Ley de Acciones Urbanísticas de Quintana Roo, igualmente es letra muerta pues establece que los desarrolladores, previo a promocionar las ventas, deben contar con autorizaciones urbanísticas para garantizar el cumplimiento de dotar infraestructura pública y municipalizar las calles, áreas de cesión y vialidades correspondientes. Todo ello, para asegurar que no se permita el crecimiento irregular.

Las autoridades municipales, en ejercicio de sus facultades constitucionales, advierten que “Ciudad Madera” carece de todo tipo de autorización por parte del Municipio de Benito Juárez.

Mientras, en la página de Facebook “Ciudad maderas es un fraude” se enlistan comentarios de clientes inconformes que denuncian los engaños de la empresa responsable de los desarrollos de Mérida, Querétaro, León o San Luis Potosí. 

Las quejas son por contratos tramposos, atrasos en la entrega de terrenos, sitios inseguros, peligrosos y sin accesos, cobros abusivos de mantenimiento con intereses moratorios de 47 por ciento, contratos de agua por 28 mil pesos y del medidor otros 5 mil pesos, casas club que parecen balnearios, otras ‘sorpresas’ y gastos ocultos.

El fundador de “Ciudad Maderas” y actual director general es J. Salvador Jury Arce quien arrancó operaciones con tan sólo un arquitecto, un diseñador y una asistente hace 38 años. 

La práctica en que incurren los propietarios, poseedores, intermediarios comerciales, corredores, agentes, personas físicas o morales representan una afectación al interés público y un daño o perjuicio privado, mediante “publicidad engañosa, leonina y/o abusiva”.

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